El descenso de la natalidad en Castilla y León en los primeros meses del año ha provocado cierta preocupación, aunque las administraciones se ven limitadas ante dicha tendencia.

Por ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado que el ejecutivo autonómico "seguirá poniendo medidas" para incentivar la natalidad, aunque reconocen que sólo pueden aplicar medidas "que ayuden a la conciliación familiar, especialmente en el ámbito rural".

En concreto, se ha referido al denominado 'Bono Nacimiento', que contempla una ayuda directa para las familias de 2.500 euros por nacimiento o adopción y del que "ya se han beneficiado más de 4.000 familias", aunque su intención es "incrementar todo lo posible el número de beneficiarios".

Otro de los incentivos es el 'Bono Concilia', cuyo plazo de solicitud acaba este viernes, y que concede 750 euros anuales por hijo menor de 3 años para gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que contratar las familias por razones laborales.

El año pasado se concedieron 13.300 bonos de las 14.716 solicitudes, pero la Consejería espera este año poder "llegar a más beneficiarios" con el incremento de presupuesto en un millón de euros y la tendencia parecida en el número de solicitudes.

La consejera también ha mencionado el programa 'Crecemos', cuyo desarrollo ha visitado precisamente en Baltanás y que ha destacado como "apuesta de conciliación en el medio rural", ya que se desarrolla en localidades sin recursos públicos o privados para atender a niños de 0 a 3 años.

El programa ha contado este año con dos ventajas que "lo han hecho más atractivo", la gratuidad y la ampliación de horario y calendario, de forma que en algunas localidades puede llegar a cubrir la totalidad del periodo no lectivo.

Para ello, el presupuesto se ha incrementado un 54% hasta alcanzar los 8,6 millones, y se ha implementado en un total de 287 municipios de la comunidad con 4.300 plazas.

Para Blanco es también "un ejemplo de colaboración entre administraciones", ya que los ayuntamientos ceden los locales en los que se desarrolla, las diputaciones aportan el 20% del coste y la Junta de Castilla y León el 80% restante.