El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado, por 8 votos a 7, que el salmantino Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. Esta decisión enmienda la posición adoptada por el propio Consejo cuando en julio de 2022 avaló por mayoría de doce votos a favor frente a siete en contra, procedentes del sector conservador, la idoneidad de Álvaro García Ortiz para ser fiscal general.

Fuentes jurídicas informan que este escenario era previsible toda vez que desde entonces la situación interna ha cambiado. Ahora hay tan solo 16 vocales y la mayoría se alcanza con nueve votos. Siete de los que votaron en contra siguen en el órgano, por tanto, tan solo necesitaban dos más para reprobar el nombramiento, pero no ha hecho falta más que uno puesto que ha habido una abstención.

En su contra han votado Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart, todos ellos considerados del bloque conservador

Mientras que los votos que han apostado por avalar a García Ortiz son de los cinco progresitas -Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas-, además del conservador Juan Martínez Moya y el presidente Vicente Guilarte.

Enrique Lucas se ha abstenido porque su hermano, el juez Pablo Lucas, dictó la sentencia del Tribunal Supremo que anula el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala por apreciar desviación de poder de Álvaro García Ortiz, una circunstancia que ha pesado en su contra, según indican las fuentes consultadas.

Tampoco ayuda, añaden las fuentes, que García Ortiz ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía y el 'lawfare', al contrario que el Consejo, que ha sido muy duro en ambos casos.

Con todo, el suspenso del CGPJ a la candidatura de Álvaro García Ortiz no frena su nombramiento, ya que la ley establece que el órgano de gobierno de los jueces es solo "oído" en el proceso.

De acuerdo con el artículo 20 de la ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general es nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ y tras ser elegido "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".

Recibido el informe del CGPJ, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso para que comparezca en la comisión correspondiente y los diputados "puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato".

La predecesora de García Ortiz en el cargo, Dolores Delgado, logró el aval del CGPJ por dcoe votos a favor y siete -parte del bloque conservador- en contra.

En aquella ocasión, entre fuertes críticas a que se propusiera como fiscal general a la exministra de Justicia, el CGPJ se limitó a constatar en su informe que Delgado reunía los requisitos que exige la ley para el cargo, sin hacer referencia a sus "méritos" o "idoneidad".

Fue la fórmula que propuso el entonces presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para intentar concitar el mayor consenso posible en torno a aquel informe, consciente de las reticencias del bloque conservador, mayoritario en el órgano