La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que intentará pactar a tres bandas la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aunque ha avisado de que seguirá adelante con esta reforma aunque la patronal no se sume al acuerdo, como ya ocurrió con la subida del salario mínimo (SMI).

"Vamos a intentar el acuerdo, si no puede ser tripartito será bipartito (Gobierno y sindicatos), pero vamos a hacerlo en el marco del diálogo social y del Parlamento", ha dejado claro Díaz este lunes durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo en el Congreso en referencia al proceso de diálogo con los agentes sociales que comenzará el jueves.

Ha subrayado su intención de "reducir el tiempo de trabajo para aumentar el tiempo de vida", haciéndolo compatible con el resto de los usos del tiempo, "el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social".

Esta medida, que beneficiará a 12 millones de asalariados, supondrá "un enorme avance social", que también mejorará la productividad en el país, ha destacado.

Desde el Foro Hotusa de turismo le ha respondido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien se ha quejado de que el planteamiento del Gobierno indica que no hay intención de negociar.

"Si vas a una mesa donde ya está marcado el resultado ¿dónde está el diálogo social?", se ha preguntado el líder de la patronal que no cree que se pueda llamar negociación a un cambio "que ya está decidido, porque parece que es un hito político".

A su juicio, el afán regulador del Gobierno raya el intervencionismo, con sectores por debajo de la jornada legal y con la "jornada real" en España en 34 horas y media, razón por la que ha pedido que la negociación del tiempo de trabajo se mantenga en el ámbito de los convenios colectivos.

Los sindicatos prefieren un acuerdo a tres, con la patronal, porque es la forma de trasladar después la reducción de jornada a los convenios colectivos.

Prevención de riesgos y subsidio de desempleo, entre las prioridades

Díaz ha anunciado durante su intervención que convocará a los agentes sociales para renovar la ley de prevención de riesgos laborales y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar la siniestralidad laboral.

Ha recordado la necesidad de modificar una ley de prevención "que se ha quedado en el siglo pasado" y ha mostrado su disposición a "acabar con esa lacra que son los accidentes de trabajo".

El Gobierno también quiere abordar las patologías relacionadas con la salud mental y su peligrosidad en el trabajo, ha dicho la ministra, quien ha asegurado que garantizará el derecho a la salud laboral de las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) y las empleadas del hogar.

También ha situado entre las principales líneas de actuación de su departamento el volver a llevar a las Cortes la reforma del subsidio por desempleo, previa negociación con los agentes sociales, y el retomar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI.

Otra de las claves de esta legislatura pasa por reducir la parcialidad, donde radica "la precariedad que queda" y que mantiene un importante sesgo de género, ha dicho.

La regulación del despido será otra de las prioridades del Ministerio, en especial el cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces, al tiempo que se abordará una nueva regulación del despido para que sea disuasorio y reparador ajustado a la normativa europea.

En materia de desempleo, Díaz ha subrayado que la responsabilidad de estar en paro no es de las personas que están en esa situación sino de las "carencias" de las estructuras del modelo productivo.

Además, ha señalado que una comisión de personas expertas comenzará a elaborar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI que se abordará en el diálogo social, al igual que la mayor democratización de la empresa o que los algoritmos pasen por la negociación colectiva.