Cerca de 12.000 alumnos del segundo curso de los ciclos de Formación Profesional (FP) en Castilla y León empezarán en los próximos días a cotizar a la Seguridad Social con sus prácticas formativas en empresas, a los que habría que sumar los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores y Profesionales y las Enseñanzas Deportivas. Será la primera vez que los matriculados en FP estén dados de alta por realizar prácticas entre marzo y junio, por lo que los días cotizados durante el trabajo se incorporan a la vida laboral del alumno con efectos de su jubilación.

El pasado 1 de enero entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2023, que regula la cotización a la Seguridad Social del alumnado que realiza prácticas formativas en entornos laborales como parte del aprendizaje incluido en los currículums académicos. Esta modificación legal ha supuesto cambios para centros educativos, empresas y comunidades autónomas. La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, reconoció hace dos semanas en su comparecencia en las Cortes la "enorme" problemática que ha generado la "imposición" del Gobierno de España. Además, cifró en 3,4 millones el coste de la gestión y el personal necesario que debe afrontar la Administración autonómica para el curso 2023-2024.

La Consejería calcula que 11.889 alumnos de los 43.452 matriculados en Formación Profesional en la Comunidad son susceptibles de hacer las prácticas a lo largo del tercer trimestre, a los que sumar los estudiantes de las enseñanzas artísticas y deportivas.

Temores iniciales

La directora del Centro Integrado de FP Simón de Colonia de Burgos, Nieves Ausín, reconoció a Ical, la preocupación que tuvieron las empresas cuando se supo que los alumnos debían cotizar al hacer las prácticas formativas. "Hubo mucho temor y reticencia al desconocer quién iba a gestionar todo este proceso, aunque luego la Consejería de Educación les tranquilizó al hacerse cargo de toda la gestión y al saber que los ministerios correrían con el coste de las cotizaciones, por lo que, al final, se ha quedado en un mero trámite para las compañías y nadie se ha opuesto, salvo un caso", apuntó. 

Señaló que la organización de prácticas para este curso ha sido un "lío tremendo", ya que la información llegó con "cuentagotas" y hasta última hora. No en vano, manifestó que los centros cuentan con estructuras administrativas muy pequeñas, por lo que no pueden asumir este incremento de burocracias ni convertirse en gestores. Además, recordó que los centros públicos no pueden contratar ni personal ni servicios. 

También citó el problema que supondrá cuando haya altas y bajas como enfermedades y accidentes laborales, que obligarán a generar nueva documentación. Además, advirtió que la cosa se complicará el próximo curso, ya que también realizarán prácticas en empresas los alumnos de primer curso, por que tampoco existirá el requisito de tener aprobadas todas las asignaturas, como aún ocurre este año. "El volumen de trabajo para el instituto se triplicará", advirtió a Ical.

Por su parte, el director del IES La Merced de Valladolid, Fernando Matesanz, valoró la decisión del Ministerio para que los alumnos en prácticas puedan cotizar a la Seguridad Social aunque precisó que hay que incidir que sigue siendo su etapa formativa. "Espero que aprenda mucho y que la empresa le forme bien", señaló. A su juicio, ha supuesto un avance pese a que generará más trabajo para el centro, al verse obligado a definir las fechas de las prácticas y facilitar todos los datos de los alumnos que serán dados de alta en el sistema.

También señaló que las empresas, al principio, se negaron a acoger a los estudiantes de FP ante el temor a que tuvieran que correr con los gastos, aunque luego se disipó con el anuncio del pago de las cuotas por parte de los ministerios y de la gestión a cargo de la Consejería. Eso sí, mostró su temor a que el dinero que aporte la Junta en la contratación de personal para organizar estas prácticas repercuta en las partidas reservadas a los centros, como el funcionamiento general de los ciclos.