Las materias pendientes en igualdad para el nuevo curso político

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comienza un curso político con varios retos por delante. Garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, corregir la Ley de Paridad o impulsar los centros de crisis ante la violencia sexual son algunas de las asignaturas pendientes más relevantes en materia de igualdad que tendrán que culminarse en el nuevo curso político.

Este curso se conmemorará los 20 años de la ley contra la violencia de género. Junto a ella, otros departamentos (Sanidad, Justicia y Trabajo) y también las comunidades autónomas serán cruciales en el desempeño de políticas públicas que combatan la discriminación de las mujeres y el colectivo LGTBI.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Congreso de los Diputados ha de culminar antes de 2025 la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hoja de ruta en España para combatir las violencias contra las mujeres. La Cámara Baja se comprometió a actualizar las medidas del Pacto antes de que termine este año, una tarea con la que se tratará de mejorar la protección de las víctimas y la respuesta contra las distintas formas de violencia.

La violencia digital, la económica y la vicaria son algunas de las materias que se abordarán en el nuevo dictamen, así como la mejora de la atención a las víctimas más vulnerables: mujeres migrantes, ancianas, con discapacidad, en situación administrativa irregular, de minorías étnicas, niños y niñas...

Los distintos grupos consensuarán una batería de medidas después de escuchar a distintas expertas en la materia y a actores institucionales implicados en esta lucha.

Centros de atención ante la violencia sexual

El 31 de diciembre de 2024, España debe contar con un centro de crisis para la atención de las víctimas de violencia sexual en cada provincia y en las dos ciudades autónomas. De no hacerlo, tendrá que devolver una gran partida de los fondos de recuperación europeos. En junio, sólo el 13 % de los proyectados estaba funcionando.

Las comunidades autónomas, de las que dependen los centros, solicitaron retrasar la fecha límite a finales de 2024. El incumplimiento del plazo implicaría que se truncara el proyecto y la devolución de todo el componente 22 de los fondos europeos.

El error en la Ley de Paridad

El Gobierno ha prometido que modificará con urgencia la Ley de Paridad para enmendar el error que ha acabado con la protección que el Estatuto de los Trabajadores brindaba a las personas que se acogían al permiso de cuidado de familiares o que solicitaban el cambio de jornada por conciliación: la nueva norma ha dejado de considerar el despido nulo para estos supuestos.

En este curso, las discriminaciones laborales de género (brecha salarial, contratos parciales y temporales), el desequilibrio en los cuidados y la falta de corresponsabilidad o la implementación de los permisos remunerados para cuidar vuelven a ser asuntos pendientes.

Despliegue de leyes ya en vigor

La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó en 2023, pero año y medio después continúa pendiente la puesta en marcha de un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en todos los territorios. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deben impulsarlo.

Tampoco se ha llevado a cabo la especialización de juzgados y fiscalía en violencia sexual: la ley del sólo sí es sí obligaba al Gobierno a impulsar una reforma legal con este objetivo, iniciativa legislativa que debería haber estado lista en otoño de 2023.

Autoridad independiente para la Igualdad de Trato

Otra cuestión retrasada que deberá solventarse es la designación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que debía haberse elegido hace más de año y medio, así como la creación de su estatuto.

En esta misma área, debe abordarse el pacto de estado contra los discursos de odio en el seno de una subcomisión en el Congreso de los Diputados.

Ley integral contra la trata

Ana Redondo ha fijado 2025 como meta para la aprobación de la ley integral contra la trata, aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo.

"Es una de las prioridades para este próximo año y estoy persuadida de que la sacaremos adelante y de que necesitará también dotación presupuestaria" para ofrecer una alternativa de vida digna a las víctimas, explicaba este verano en una entrevista con EFE.

La hoja de ruta del Ministerio de Igualdad

La renovación del Pacto contra la Violencia de Género, la implementación de la Ley de Paridad, la apertura de los centros de crisis 24 horas y el impulso en los "próximos meses" de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato serán cuestiones nucleares para el Ministerio de Igualdad, además de la conmemoración de los 20 años de la "avanzada y valiente" ley integral contra la violencia de género, confirman a EFE fuentes del departamento de Ana Redondo.

La "prioridad absoluta" es la lucha contra las violencias sobre las mujeres y "tejer una red de recursos" que ayude a las víctimas. En los próximos cuatro meses, Redondo intensificará los viajes a los territorios para conocer el estado de los centros de crisis y "ofrecer el acompañamiento del Gobierno".

Además, verá la luz en los próximos meses en Alcorcón el Centro Estatal de Coordinación Atenpro, proyecto dependiente de Igualdad y gestionado por Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Financiado con los fondos europeos, será la sede del servicio telefónico Atenpro y también un lugar de investigación de las violencias machistas en el que se emplearán las últimas tecnologías y se formará a las entidades locales.

Sólo en lo que va de año, 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas y 10 niños y niñas han sido víctimas mortales de crímenes vicarios.