Publicado el decreto que regula la prórroga presupuestaria en Castilla y León para 2025

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 en el ejercicio de 2025, que se acordó en el Consejo de Gobierno del pasado jueves día 26.

La disponibilidad de los créditos se supeditará en su cuantía al cumplimiento de la tasa de déficit público comunicada para 2025 del 0,1 por ciento del PIB regional. Además, el consejero de Economía y Hacienda, podrá proponer a la Junta de Castilla y León la no disponibilidad de los créditos que resulten necesarios para garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal.

El decreto indica que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse-

Asimismo, el texto precisa que con cargo a los créditos del Presupuesto para 2024, prorrogados a 2025, se imputarán las anualidades que correspondan al ejercicio de 2025 como consecuencia de compromisos, autorizaciones de gasto y retenciones de crédito no anulables, de carácter plurianual, contraídos en años anteriores.

Asimismo, se asumirán los compromisos de gasto que en los presupuestos de ejercicios anteriores hubieran quedado pendientes del reconocimiento de obligaciones, siempre que dichos compromisos estuvieran efectivamente contraídos con una persona o entidad claramente identificada y ajena a la Administración de la Comunidad.

Además, se imputarán las retenciones de crédito con cargo al ejercicio de 2025 de los contratos plurianuales de obra, así como las efectuadas para garantizar la financiación del expediente de gasto que deba tramitarse para abonar a los contratistas de suministros y servicios las unidades efectivamente realizadas en función de las necesidades.

Las cuentas prorrogadas también deberán hacer frente a los compromisos, las autorizaciones y retenciones de crédito, relativos a expedientes tramitados anticipadamente, con objeto de posibilitar su continuidad; así como los compromisos debidamente adquiridos que se destinen a pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera derecho a 1 de enero de 2025.

Una vez asentados en el presupuesto prorrogado los compromisos enumerados anteriormente, se imputarán el resto de los gastos, conforme a su naturaleza, correspondientes a actuaciones no finalizadas. Se entiende por actuación no finalizada toda aquélla derivada de acuerdo, plan o promesa realizados por la Administración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2024, de hacer o no hacer algo en un determinado sentido, así como cualquier prestación que de manera sistemática venga realizando la Administración Autonómica con anterioridad a 31 de diciembre de 2024, y las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o que le sean exigibles por norma de rango legal. En este caso, con la propuesta de imputación del gasto deberá aportarse el documento en el que se formalizó dicho compromiso o, en su defecto, un informe justificativo donde se fundamente su procedencia.

A los créditos para gastos financiados con recursos finalistas vigentes en 2025 podrán imputarse la totalidad de los correspondientes gastos elegibles. Los créditos financiados con recursos finalistas no vigentes en 2025 o que, estando vigentes, su anualidad correspondiente a 2025 sea inferior a la prevista en el presupuesto de 2024 prorrogado a 2025, serán minorados tanto en el estado de ingresos como en el estado de gastos, en el importe de la ayuda financiera que no se va a percibir en dicho ejercicio. Las distintas consejerías y entidades informarán a la Consejería de Economía y Hacienda sobre la vigencia y cuantía de estos recursos durante 2025 acompañando dicho informe de la documentación acreditativa de la concesión y, en su caso, propondrán las correspondientes modificaciones de crédito en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este decreto.