La Junta mantiene sus descuentos al transporte hasta conocer el decreto del Gobierno

La Junta de Castilla y León mantiene sus descuentos del 20 por ciento al transporte de viajeros por carretera en el ámbito interurbano y metropolitano, hasta conocer el detalle del nuevo Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, tras cerrar el Gobierno un acuerdo con Junts. Una vez analizado, decidirán si adoptan alguna decisión al respecto, ya que sus bonificaciones continúan con independencia de la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital han explicado a Ical que la Junta va a esperar a conocer el contenido del nuevo Real Decreto-Ley para hacer una valoración y tomar, en su caso, una decisión, puesto que el pasado jueves el Consejo de Gobierno adoptó un acuerdo por el que se mantienen las bonificaciones al transporte de la Comunidad, haga lo que haga el Gobierno, lo que afecta a las líneas de autobús, pero también al Bono Rural (gratuito) y a los descuentos de la alta velocidad de media distancia.

"Cuando se conozca el contenido se analizará por si hay que tomar una decisión al respecto", insistieron desde Movilidad al tiempo que criticaron la "falta de planificación e información" hacia las comunidades, porque este mismo martes se celebró una reunión en Madrid de directores generales de Transporte de todas las autonomías y no se les informó sobre el contenido de ese Real Decreto-Ley, más allá de que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros.

"No se ha dado ninguna información con exactitud o precisión pese a estar reunidos los directores generales de transporte de todas las comunidades de España". Por otro lado, en esta reunión, la Junta pidió una coordinación y un consenso a la hora de trabajar en las bonificaciones del transporte, y que exista transparencia y planificación. También se expresó la preocupación por el anuncio del ministro Óscar Puente de implantar un billete único sin informar previamente a los gobiernos autonómicos.

NUEVO DECRETO ÓMNIBUS

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un nuevo decreto ley en el que recupera las medidas sociales que decayeron la semana pasada en el Congreso, como la subida del 2,8 % de las pensiones o las bonificaciones al transporte hasta junio, tras cerrar con Junts su apoyo a la convalidación de la norma, según ha informado EFE.

El decreto ley recoge un total de 29 medidas sociales, "la práctica totalidad" de las incluidas en el decreto derogado, entre las que se encuentra la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Como novedad se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior, que es la "creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos".

Asimismo, se ha confirmado la inclusión de las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la dana y las ayudas a los afectados por la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma.

MAPA DE TRANSPORTES

Por otro lado, la Junta de Castilla y León volvió a pedir este martes al Gobierno de España que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial de Transporte y sea el foro donde se debata el Mapa de Transporte ante la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana de retomar su modificación, lo que incluye la supresión de paradas de las líneas estatales que cubren tráficos intraautonómicos.

En esta reunión en la sede ministerial, la directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, reiteró la necesidad de abrir un foro de debate en torno al Mapa de Transporte, en una postura alineada con otras comunidades autónomas que esperan sea tenida en cuenta esta petición.

En el caso de Castilla y León, la Junta recordó que el borrador plantea suprimir 474 paradas en 346 municipios de las nueve provincias y añadió que esto está paralizando y bloqueando el Mapa autonómico. "Suprime tres de cada cuatro paradas y es un ataque directo al medido rural, perjudicando a más de 200.000 habitantes del medio rural", concluyó.