El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PP, Cs y PSOE, el acuerdo al que finalmente han llegado la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital para dar solución al conflicto de la calle Jardines y que va a permitir al Consistorio recuperar parte del pago de la sentencia, mientras que la Institución Provincial creará un nuevo complejo universitario en las instalaciones de la facultad de Enfermería.

La portavoz de Ganemos, Sonia Ordóñez, ha votado en contra de un acuerdo que a su parecer "por la puerta de atrás que condena a Palencia" porque hay que pagar 27 millones a la Diputación, que tiene unas ventajas que se resumen en unas obras de reforma en la Escuela de Enfermería, "que ya se están ejecutando desde hace cinco años", que llaman 'Complejo Universitario' por el supuesto traslado de la UNED "que no es más que una ocurrencia de última hora" y un fondo para vivienda de protección oficial, obviando la vivienda social.

Por su parte, el portavoz 'popular', Alfonso Polanco, ha señalado que se ha tomado un camino que "cerrará una vieja herida" que viene a demostrar que cuando hay voluntad de entendimiento el resultado es bueno y que la política ha servido para ofrecer soluciones a los palentinos.

Asimismo, el concejal del PSOE, Carlos Hernández, ha asegurado que este acuerdo es el "más seguro y menos gravoso" para las arcas del Ayuntamiento.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de la capital, MarioSimón, quien ha subrayado que se trata de "la mejor solución técnica y económica" tanto para la capital como para la provincia y que, además, garantiza el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.

La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, no ha podido estar presente en la sesión plenaria por lo que no ha podido manifestar su descuerdo con la solución alcanzada, como sí lo ha hecho esta mañana en una rueda de prensa.

Lalanda ha lamentado que se trata del "peor acuerdo para los palentinos" mientras anunciaba que su partido está estudiando la impugnación del mismo y que exigirá judicialmente la responsabilidad patrimonial de los concejales que lo apoyen si el consistorio se queda sin liquidez.