El nuevo ejecutivo recién formado toma las primeras decisiones en el ámbito de gestión, político y simbólico, tres planos que se van a entremezclar y van a ser objeto de escrutinio y análisis en busca de pistas sobre lo que pretende.

El nuevo Gobierno bipartito de Castilla y León ha echado por fin a andar. Después de cuatro meses ya era hora, pero al menos empieza a dejar atrás la parálisis por el proceso electoral anticipado porque nadie puede negar que el funcionamiento de la administración autonómica ha estado más 'frenado' o se ha desempeñado a un ritmo inferior al habitual, como corresponde a una etapa en funciones. Tras el nombramiento del presidente y de sus consejeros, todavía quedan cabos que atar pero ya se están tomando las primeras decisiones en el ámbito de gestión, político y simbólico, tres planos que se van a entremezclar y van a ser objeto de escrutinio y análisis.

De tipo simbólico es la primera determinación de Vox que este día 23 de abril se ausentó de todo tipo de acto por el Día de la Comunidad. Sabemos que el partido de Santiago Abascal tiene entre sus objetivos acabar con el estado de las autonomías, así lo manifiesta su líder nacional y así se ha encargado de trasladarlo su máximo responsable en Castilla y León, Juan García-Gallardo.

No coge por sorpresa, aunque se esperaba a conocer cuál sería la actitud de cargos ya no sólo políticos, sino electos y con responsabilidades institucionales ante una fecha de cargado simbolismo y recogida en el estatuto de la comunidad en la que ahora comparten labores de gobierno. Porque no es lo mismo no acudir como partido con una procuradora en Cortes que con un vicepresidente y tres consejeros. No parece que se lo vayan a replantear así que, de momento, ya hemos visto al nuevo Gobierno regional cada uno por su lado: Vox lejos de la campa y Mañueco en su primera visita y defendiendo el estado de las autonomías (y Europa y el Diálogo Social). Veremos si esto no acaba convertido en punto de fricción.

En el ámbito de gestión, Vox y PP se han estrenado con el anunciado plan de respuesta ante la situación económica. Se trata de un paquete de medidas valorado en 470 millones de euros y que tiene como objetivo paliar el impacto que la triple crisis energética, de suministros y bélica está teniendo. Son medidas que se circunscriben a la competencia regional, aunque incluyen peticiones al Gobierno. Entre ellas, la repesca de algunos fondos Covid no utilizados, uno de los caballos de batalla con la oposición.

El ejecutivo, claramente liderado en esta parcela por el PP, ha puesto el acento en la rebaja fiscal aprobada con la reducción de medio punto porcentual del tramo autonómico del IRPF. El impacto, cifrado por el consejero de Hacienda, es de 35 euros para los que hagan la próxima declaración de la renta, en 2023, cifra que ha despertado las críticas del PSOE por su limitado alcance y porque, siendo un ahorro, lo será sólo para aquellos que hacen la declaración de la renta: los que no llegan a los umbrales mínimos para presentarla quedan fuera de la ventaja. La medida es algo así como un ensayo del plan Feijóo, al menos en lo fiscal: veremos cómo funciona y si es punto de acuerdo entre Vox y el gallego.

Y en el ámbito político este primer año de Gobierno va a estar marcado por la ausencia de un presupuesto propio del ejercicio. Con 2022 bastante avanzado, Castilla y León ha renunciado a actualizar las cuentas y se pone a trabajar ya para las de 2023. La decisión otorga tiempo para cuadrar una cuentas que, al fin, incorporen fondos europeos que a partir de este segundo trimestre de 2022 y hasta final de año saldrán en sucesivas convocatorias temáticas. También da más margen a Vox para desarrollar sus primeras propuestas presupuestarias: habrá que ver hacia dónde apuntan y cuál es su calado.

Son sólo las primeras medidas de un gobierno que recién arranca a funcionar, pero van a dar pistas de lo que pretende, ahora con la rebaja fiscal o la ausencia en los actos institucionales, más adelante con lo que propongan para presupuestos y en un futuro muy cercano con la tramitación de las nuevas normas de violencia intrafamiliar y concordia.