El caso de Manuela y Virginia, dos niñas de Aguilar, que desaparecieron en Reinosa (Cantabria) el 24 de abril de 1992 cuando tenían 14 y 13 años, se tratará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El despacho criminológico-jurídico Balfagón & Chippirrás, que representa a las familias de las niñas, ha presentado ante el alto tribunal comunitario la demanda por su desaparición, con la esperanza de mantener abierta la investigación del caso.

La demanda se produce tras la negativa del Tribunal Constitucional española de admitir a trámite el recurso de amparo presentado por las familias en octubre de 2022, comunicada casi un año después.

El día de su desaparición, las menores salieron desde Aguilar de Campóo para dirigirse a Reinosa donde fueron vistas en una discoteca, en un parque y a la altura de una fábrica de galletas donde hicieron auto stop. Tras subirse a un Seat 127 de color blanco o crema, se perdió su pista.

En mayo de 2021, se reabrieron las investigaciones a raíz del testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado de Cervera de Pisuerga acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones asegurando que "no constaba autor conocido en la perpetración de los hechos objeto de denuncia", según EFE.

La Audiencia Provincial de Palencia confirmó después el auto judicial y la representación legal recurrió al Tribunal Constitucional para determinar si había habido una vulneración de derechos fundamentales en la sentencia que archivaba definitivamente la causa.

La representación legal defiende que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva. También señala que durante la investigación reabierta en 2021 no se admitió ninguna de las diligencias planteadas por la representación de las familias y pone en evidencia "los errores" en que incurre la sentencia de la Audiencia Provincial.

Ejemplo de ello es la petición de que se volviera a inspeccionar la mina Fontoria, yacimiento de magnesita en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil, y la Cueva Cervatos, un lugar cerca de Reinosa idóneo para ocultar los cadáveres según la propia investigación.

La petición pretendía que se buscaran restos biológicos de las niñas, usando las técnicas y los recursos que existen ahora y que no existían cuando se hizo tras su desaparición hace más de 30 años.

Ahora, las familias recurren al último tribunal que les queda, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, recordando que España está adherida al convenio de Naciones Unidas para buscar a personas desaparecidas e insistiendo en las lagunas legales que existen en las causas de personas desaparecidas y sobre todo cuando son menores. EFE