Adif ha mostrado al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 4 de la Audiencia Nacional su oposión a la paralización cautelar de las obras de la línea del AVE a Cantabria que está ejecutando en el norte de la ciudad de Palencia, tal como había solicitado Ecologistas en Acción.

El escrito de oposición se sustenta en cuatro alegaciones que básicamente argumentan de manera reiterativa la falta de legitimidad de la asociación ecologista para solicitar dicha medida cautelar, y pone de manifiesto la postura ausente del Ayuntamiento al que consideran el único sujeto que estaría legitimado para invocar una eventual vía de hecho como actor principal del perjuicio que estas obras pudieran causar al interés general de Palencia.

El abogado del Estado argumenta que al Ayuntamiento le fueron comunicados en octubre de 2021 una serie de documentos que contenían la información relevante y suficiente del proyecto de construcción, que incluía los planos con la integración de la plataforma proyectada en la ciudad de Palencia y que pudo hacer las alegaciones que tuviera por conveniente sobre dichos documentos.

Desde el Ayuntamiento se obvió y ocultó toda esta información provocando una indefensión manifiesta de la ciudadanía que ha visto como se ha vulnerado su derecho a que se cumpla con la legalidad de los Estudios Informativos de 2010 y 2018, añade la Abogacía del Estado.

El único punto del escrito de oposición donde la Abogacía del Estado no se centra de manera exclusiva en la forma y entra de manera superficial en el fondo de la demanda sobre el proyecto de ejecución de las obras de LAV del tramo Palencia-Palencia Norte, expone que no se producirá ningún perjuicio irreversible o de difícil reversibilidad y que no existen efectos ambientales significativos.

Sin embargo, como queda acreditado en el informe que acompaña a la demanda firmado por los arquitectos de la Asociación en Defensa del Soterramiento, queda suficientemente demostrado que el perjuicio para la ciudad de Palencia será irreversible, y que la modificación del proyecto supone un cambio sustancial que requiere de un nuevo estudio de impacto ambiental.

No se trata de simples modificaciones técnicas puntuales durante la ejecución de las obras sino de una modificación significativa del trazado, de ahí el daño irreversible esgrimido por los arquitectos.

Ecologistas en Acción considera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento debe dejar la ambigüedad y defender los intereses legítimos de la ciudad con más decisión y menos excusas.

Consideran "absurdo" gastar más de 10.000 euros de dinero público para pagar un dictamen de un catedrático de Derecho y luego escudarse en el miedo y las dudas para evitar tomar una decisión coherente en defensa del interés municipal.

El Ayuntamiento está actualmente estudiando las posibilidades que tendría una demanda a ADIF ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, con el objeto de interponerla solo si tiene posibilidades de prosperar.EFE