Según el decreto, bastará la mayoría absoluta del Congreso para designar a los nuevos consejeros, frente a los dos tercios que se exigen ahora
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el "reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler", así como el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
Sánchez ha participado en la jornada inaugural del 'World in Progress Barcelona', un foro internacional organizado por el Grupo PRISA, acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
En su intervención, según informa EFE, Sánchez se ha hecho eco de la multitudinaria manifestación de ayer domingo en Madrid para exigir rebajas en los precios del alquiler: "El Gobierno la escucha con atención y comparte su demanda", ha asegurado el presidente.
"Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos", ha recalcado Sánchez, que ha reconocido que "la situación es difícil" porque "los precios de los pisos no han parado de subir y la oferta es escasa".
"Hay que reaccionar con contundencia", ha dicho Sánchez, "porque de lo contrario la sociedad española acabará dividida en dos clases: No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres". Por ello, ha subrayado, "el Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda" y piensa desplegar "medidas contundentes".
De entrada, ha anunciado el reparto de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, que esta semana se llevarán al Consejo de Ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades, a las que ha pedido más celeridad para su tramitación.
Asimismo, ha explicado que habrá un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
El anuncio de Sánchez llega después de que, en septiembre, el Congreso rechazara tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, al votar en contra los siete diputados de Junts, junto a PP y Vox.
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