El Congreso de los Diputados abordará la próxima semana la renovación parcial del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un proceso clave debido a la inminente clausura escalonada de los reactores nucleares en España a partir de 2027.

El mandato de seis años de varios consejeros está próximo a su fin, y el Gobierno ha planteado al Congreso la renovación de tres miembros y el nombramiento de una nueva consejera, tras la aprobación de la propuesta en Consejo de Ministros.

Entre las propuestas figura la continuidad de Juan Carlos Lentijo como presidente del CSN. Ingeniero de formación, Lentijo accedió al cargo en 2022 tras la dimisión de Josep Maria Serena i Sender. Si se aprueba su renovación, podrá ejercer un máximo de cuatro años más, ya que la normativa impide que el presidente o los consejeros superen los 70 años de edad en el cargo.

También se plantea la renovación de Pilar Lucio, designada en 2019 por el PSOE, y de Paco Castejón, propuesto ese mismo año por Podemos. Además, el PSOE propone a Silvia Calzón, actual directora del Departamento de Atención a la Ciudadanía del Gabinete de Presidencia, para sustituir a Elvira Romera. Calzón, médica de formación, ha sido Secretaria de Estado de Sanidad.

La idoneidad de Calzón será previsiblemente cuestionada por el PP, al considerar que carece de experiencia específica en energía nuclear. No obstante, la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, Cristina Narbona, ha recordado que la ley permite perfiles con experiencia también en medicina, especialmente relevante para la protección radiológica.

El único consejero con mandato vigente hasta 2028 es Javier Dies, nombrado en 2022 a propuesta del PP. El equilibrio tradicional del CSN —dos miembros por el PSOE, dos por el PP y uno por fuerzas nacionalistas— se ha visto alterado en los últimos años, con sucesivas mayorías según el partido en el Gobierno.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé el cierre progresivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, comenzando por Almaraz y finalizando con Trillo. Actualmente, España cuenta con cinco centrales en funcionamiento: Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo, con un total de siete reactores.

La propuesta del Ejecutivo será evaluada por la Comisión de Transición Ecológica, que debe aprobar los nombramientos con una mayoría de tres quintos. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el Gobierno podría proceder con los nombramientos salvo veto razonado por parte del Congreso.